La comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa ha publicado una serie de documentos de espionaje militar este martes, relacionados con el monitoreo castrense a la red criminal de Iguala, en la época del ataque contra los estudiantes normalistas, y la desaparición de 43. Estos documentos ya eran conocidos para los equipos de investigación, principalmente el GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los menciona en varios de sus informes de los últimos años. Ahora, la comisión publica su contenido íntegro.
Este paquete de documentos, 18 en total, no son los que el GIEI y las familias han pedido en las últimas reuniones que han mantenido con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y con los integrantes de la comisión, principalmente su responsable, Alejandro Encinas. Incorporados en los informes del GIEI desde febrero de 2022, las familias de los 43 conocían su contenido. La exigencia sigue siendo la misma, la entrega de otros 800, muchos de ellos del día del ataque, el 26 de septiembre de 2014, y las jornadas inmediatamente posteriores. En todo caso, los 18 liberados muestran una realidad fascinante: la enorme cantidad de personas a las que el Ejército interceptaba sus comunicaciones.
El gesto de Encinas y de la comisión con la publicación de los documentos merece una lectura política. Su liberación ocurre cuando aún arden las declaraciones de López Obrador sobre el buen actuar castrense. Ante las quejas de las familias sobre la opacidad del Ejército, el mandatario ha dicho hasta el cansancio que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado todo lo que tiene sobre el caso Ayotzinapa. También ha criticado posibles malas intenciones del GIEI por su filiación -la CIDH y la Organización de Estados Americanos. Pero con este paquete de documentos publicado este martes y el informe que los contiene, Encinas insiste en que el Ejército podría tener más información.